La Unesco ordenó la digitalización de estos documentos que hasta hoy eran de carácter reservado. Los mismos dan cuenta de asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, cierre de periódicos, prohibición y destrucción de publicaciones, encarcelamiento de profesores por cuestiones ideológicas, quema de libros y el deterioro del patrimonio científico y cultural de la Nación Argentina durante la última dictadura militar.

Las denuncias, de acuerdo a los archivos de la Unesco están divididas en admisibles y no admisibles, ya que el organismo recibía sólo notificaciones sobre personas detenidas o desaparecidas relacionadas con actividades en el campo de la cultura, la comunicación, la ciencia y la educación.

 Foradori (vicecanciller) calificó como "un hecho muy importante" dar a conocer estas denuncias sobre "la página negra de la dictadura" y explicó que toda la información será procesada y digitalizada para enviarla a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Justicia.

Por su parte, Avruj (secretario de Derechos Humanos) señaló que "esto ratifica que la memoria, la verdad y la justicia son una política de Estado, y pondremos esta información a disposición de los familiares de los desaparecidos y la justicia".

Los documentos expresan cómo algunos miembros del Comité señalaron que habían aceptado con pesar y reserva la decisión de suspender el examen de esas comunicaciones, en vez de declararlas admisibles.

Entre las 75 denuncias que la Unesco hizo públicas a pedido de Argentina, se encuentran los casos de Alfredo Bravo; la familia Tarnopolsky; el músico Miguel Ángel Estrella; los niños uruguayos Julien Grisonas; secuestrados en la Argentina y encontrados en Chile; Fernando de Hallgarten; Alejandro Gutiérrez, hijo de la fallecida Presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Claudia Falcone, víctima de la Noche de los Lápices; y el poeta Claudio Grandi, entre otros.