os hijos y el yerno del exintegrante de la CNU, Carlos “El Indio” Castillo, manejan la Dirección de Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Uno de ellos fue echado del Servicio Penitenciario. Empleados denuncian despidos, traslados arbitrarios, maltrato psicológico y persecución gremial. Además, se les cuestiona la profesionalidad de su gestión

"Esto no es una democracia, alinéense”, suele decir la subdirectora de la Dirección de Prevención y Tratamiento de las Adicciones (Dpyta), Bárbara Castillo, en las reuniones que mantiene con el equipo de profesionales y operadores ante la menor observación o crítica que se le realice al abordaje de su gestión en torno a la problemática. 

El lenguaje imperativo, marcando la jerarquía, no es casual, teniendo en cuenta que viene de trabajar en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y que es la hija del represor Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, exjefe de la paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU), quien el miércoles podría ser sentenciado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Entre otros delitos, “El Indio” está acusado de haber sido partícipe del accionar represivo durante la denominada Noche de los Lápices.

La pareja de Bárbara, con quien está comprometida, es José María Nieto, quien además es su jefe, ya que ostenta el cargo de director del mencionado organismo. No termina ahí la historia familiar: Martín Miguel Castillo desempeña funciones en la misma dependencia. Se trata del otro hijo del exintegrante de la CNU. Martín tuvo un fugaz paso por la Armada en los 90, trabajó al menos para dos empresas de seguridad privada y al igual que su hermana se desempeñó en el SPB, de donde fue echado, recalando finalmente en la Municipalidad de La Plata, lugar en el que la gestión de Julio Garro le dio cobijo. Cabe destacar que el actual jefe comunal también fue empleado del SPB hasta momentos antes de dedicarse a la política.

Los tres -hijo, hija y yerno- están sindicados por extrabajadores y actuales profesionales del área por ejercer maltratos psicológicos, abuso de poder, persecución y por “falta de ética y profesionalidad” en el abordaje de la problemática de las adicciones. Desde que Cambiemos asumió la intendencia, el organismo dejó de depender de la Secretaría de Salud para ser reubicado dos veces: primero dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y luego al interior de la Secretaría General. Además, es la primera vez que la Dpyta no tiene como director a un psicólogo.

Ese detalle no es menor. Varios profesionales del organismo venían alertando los problemas que ocasionaba para los pacientes que la atención estuviera direccionada por operadores socioterapéuticos y no por profesionales (psicólogos o psiquiatras). “Si se hace una mala intervención, puede conllevar serios perjuicios para el paciente”, señaló a este diario un extrabajador despedido del área.

En septiembre, una profesional de la Dirección expresó por escrito algunas críticas a los funcionarios a cargo, acompañada por un gremio del sector. Acto seguido, Martín Castillo elaboró una nota para respaldar la gestión de su hermana y su cuñado, la cual “invitó” a firmar a todos los trabajadores del organismo. Esto fue leído como un claro apriete hacia todo el personal, ya que quienes no firmaran luego sufrirían las consecuencias. Así fue. Apenas dos semanas después fueron despedidos un psicólogo y dos operadores, quienes estaban registrados de forma precaria con contratos “mensualizados” que se renovaban cada tres meses. Además, dos psicólogas fueron trasladadas compulsivamente. Sin previo aviso ni consulta se les dio el pase a la Secretaría de Salud. Una de ella tenía más de 10 años de antigüedad en el organismo.

A ninguno de estos profesionales se le otorgó el tiempo suficiente para llevar a cabo el cierre terapéutico con los pacientes que estaban acompañando en sus tratamientos. Según afirmaron, “la conclusión de estos procesos no se puede realizar en una mera entrevista en la que simplemente se le da la noticia al paciente. Se tiene que hacer con tiempo, porque puede acarrear consecuencias nocivas en materia de salud mental”.

A su vez, los trabajadores despedidos habían presentado un proyecto de coordinación de grupos terapéuticos a través de un convenio entre el Municipio y la Provincia, espacio que iba a funcionar en la ex Quinta Roth, en San Carlos. Esta iniciativa directamente quedó cancelada a raíz de la purga encabezada por Nieto y los hermanos Castillo, a pesar del interés que había en el Estado provincial por avanzar con la misma. 

Se viene la sentencia al “Indio” Castillo y a “Pipi” Pomares

Tras catorce audiencias, el miércoles el Tribunal Oral Federal nº 1 de La Plata dictará la sentencia a los dos represores integrantes de la organización paraestatal Corriente Nacional Universitaria (CNU), imputados por “homicidio agravado, privación de la libertad y aplicación de tormentos”, cometidos en los meses previos al golpe de Estado cívico-militar de 1976. Se trata de Carlos Ernesto “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares.

La querella del colectivo Justicia Ya!, representada por Luz Santos Morón del Ceprodh, Pía Garralda de APEL y Carolina Vilchez, pidió la pena de prisión perpetua por genocidio. 

“El Indio” Castillo fue acusado como autor de la privación ilegal de la libertad y el homicidio agravado del secretario general del Sindicato de Empleados por Reunión del Hipódromo de La Plata, Carlos Antonio Domínguez; y de la privación ilegal de la libertad del vocal de esa organización, Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976. También está involucrado en otros tres homicidios. 

Una de las testigos del juicio fue Claudia Bellingeri, perito judicial de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el archivo de la ex-Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), quien describió un organigrama de la CNU La Plata realizado por la Dippba donde ubicó a Castillo como jefe y a Pomares como “capitán”. 

Cabe mencionar que Pomares formó parte en la gestión que condujo el Municipio entre 1991 y 2007, y estuvo casado con la exconcejal Susana Gordillo, actual pareja del edil Fabián Lugli, quien tras un paso por el randazzismo ahora integra la lista encabezada por Carlos Bonicatto en La Plata, que competirá en las próximas internas del Partido Justicialista.

“Esperamos que en función de todas las pruebas que se aportaron en el juicio, donde a través de los testimonios y toda la prueba documental acompañada quedó claramente demostrada la pertenencia de Castillo y Pomares a la banda paraestatal de ultraderecha peronista CNU, sean condenados a prisión perpetua en cárcel común y que sea efectiva la condena”, indicó a diario Hoy la abogada de la querella Luz Santos Morón. 

El antecedente Terminiello

Martín Castillo no es el único desplazado de una fuerza de seguridad que termina encontrando refugio en el Municipio. Concretamente, el intendente Julio Garro designó a Oscar Terminiello como director de Enlace con las Fuerzas de Seguridad, pese a que sus antecedentes no son los mejores. La gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, lo habían pasado a retiro obligatorio en enero del año pasado, en medio del escándalo generado por la fuga de los autores materiales del Triple Crimen de General Rodríguez.

Sobre Terminiello se sabe que al momento de ser pasado a retiro cumplía funciones como superintendente de la Región Interior y antes había tenido un paso por la Departamental La Plata en el área de Inteligencia durante los años 2000 y 2001. Varias fuentes de la fuerza indicaron a este medio que “era buen recaudador”, al referirse a la función que habría tenido en el circuito de corrupción policial. Sobre Terminiello pesa también la sospecha de que ascendió de manera irregular (sin la permanencia mínima requerida por la ley) durante el gobierno anterior y, según dicen, esa era la manera de gratificar a los jefes policiales funcionales a la corrupción.

El jefe de Terminiello, en el organigrama municipal, es el actual secretario de Seguridad, Darío Ganduglia, quien luego del intendente Garro es el máximo responsable político de la Policía Local, hoy en la mira de la Justicia y de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad a raíz de las irregularidades con las horas Polad.

Estadísticas preocupantes y desempeño profesional

Según el informe estadístico de la Sedronar, en el último trimestre de 2017 aumentó un 8% la cantidad de personas atendidas en los dispositivos del organismo si se lo compara con el año pasado. El 72% de los pacientes tienen entre 18 y 36 años, y el 85% son hombres. Además, se detectó, al igual que en los estudios anteriores, un incremento sostenido de asistidos en el grupo etario de 18 a 23 años. A su vez, también se observa un aumento del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol entre los jóvenes.

Ante esta realidad, de la que la ciudad de La Plata no es ajena, el rol que cumple la Dirección de Prevención y Tratamiento de las Adicciones adquiere una responsabilidad central. Precisamente, tanto los actuales como extrabajadores del organismo cuestionaron fuertemente la profesionalidad de la gestión de Nieto y Castillo.

“Los operadores socioterapéuticos conducen tratamientos, pero no tienen ningún estatus legal para hacerlo. No es que no hagan un aporte importante, lo que no se puede hacer es que una persona que no está formada profesionalmente en salud mental dirija la cura. Son psicólogos o psiquiatras quienes tienen que estar a cargo, porque una mala intervención puede derivar en accidentes u otros perjuicios graves”, remarcó uno de los profesionales despedidos. 

Nota extraída de: https://diariohoy.net/politica/familia-de-represor-cava-trinchera-en-el-municipio-110862