El 6 de julio de 1976 en horas de la mañana el director del penal de Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió una citación del entonces jefe de la Guarnición militar Salta, Coronel Carlos Alberto Mulhall. En despacho del militar, Mulhall le informó que esa tarde se iba a proceder a un simple traslado, sin proporcionarle los nombres ni el número de los presos.
Fue así como a las 19.45 de ese día se presentó ante Pérez el capitán Espeche portando una orden escrita y la lista de los detenidos.
Enseguida se ordena no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos.
El único documento escrito que se conserva es la orden de Mulhall, que obra en el expediente judicial iniciado en Salta. Las órdenes verbales fueron corroboradas por la testigo Juana Emilia Martínez de Gómez, celadora del penal, y el oficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, Juan Carlos Alzugaray.
El grupo del Ejército estuvo compuesto íntegramente por oficiales, sin insignias ni distintivos. Todos se nombran entre sí a través de sus nombres de guerra. Antes de la llegada de los oficiales se apagan todas las luces del penal excepto las del lugar donde estaban los presos a trasladar. Hasta allí llega un grupo de guardiacárceles que entrega los once (11) presos a los militares que esperaban afuera, a oscuras, con linternas en sus manos. De acuerdo con las órdenes las personas desalojadas del penal debían sólo llevar lo puesto.
Mientras esto ocurría en Villa las Rosas, aproximadamente a las 20 horas de ese 6 de julio en la altura entre Güemes y Salta, entre Cobos y el cruce, se encontraba apostada una patrulla que realizaba controles vehiculares. Al ser detenidos un Torino conducido por Héctor Mendilaharzu y una camioneta F-100 a cargo de Martín Julio González, quien viajaba con un hermano, los miembros del grupo los sacan de los vehículos diciéndoles que son del ERP y que necesitaban los coches para un operativo de rescate, procediendo a amordazarlos y a maniatarlos, obligándolos a permanecer dentro de un monte por espacio de dos horas.
Al día siguiente, 7 de julio, los vehículos fueron devueltos cerca del paraje denominado Palomitas, sobre la ruta 34, a 25 kilómetros de Güemes. Todos presentaban marcas de balas y los asientos manchados de sangre. En uno de ellos inclusive se encuentran restos de masa encefálica y parte de una falange. La camioneta es devuelta totalmente quemada. Ninguno de los vehículos presentaba señales de colisiones. En el lugar donde estaba la camioneta quedaron numerosas manchas de sangre y cápsulas de bala servidas.
Toda la documentación de la comisaría de Güemes desapareció con anterioridad al 8 de julio. Por otra parte se habló de un feroz enfrentamiento porque elementos guerrilleros emboscaron a la patrulla que conducía a los presos pero no se constató que ningún miembro del ejército haya sido lastimado, ni tampoco se pudo comprobar daños en los vehículos militares.
Los certificados de defunción realizados en Salta están firmados por un doctor Quintín Orué, un médico que nunca pudo ser identificado. Varias de las víctimas, en el momento de morir, se encontraban acostadas, y habían sido golpeadas. Los orificios de bala de los pocos cadáveres encontrados demuestran que los disparos fueron efectuados de abajo hacia arriba".
Días antes el Director del Penal de Salta, Brulio Pérez en una vista que les hizo, a las detenidas políticas les dijo que los militares venían "quinteando". Al preguntarle qué significaba eso, dijo textualmente: "Uno, dos, tres, cuatro, cinco...al paredón...". (Testimonio de Graciela Lopez, sobreviviente a la Masacre de Palomitas)
A Raquel Celia Leonard de Avila le sustrajeron el bebe de sus brazos, y le fue entregado a su hermana Nora, que también se encontraba en la prisión.
Meses después los detenidos que quedaban en el Penal Villa Las Rosas fueron trasladados a distintas unidades, y las mujeres a la Cárcel de Villa Devoto.
