Un cartel gigante, mirando a la calle, anuncia al Grupo de Prevención Motorizada. La construcción que crece detrás es pequeña y sencilla: son las espaldas de las instalaciones donde hoy funciona esa dependencia motorizada de la Policía de Buenos Aires y que durante los primeros años de la dictadura sirvió de centro clandestino de detención. Tras semanas de espera, el policía retirado Walter Acosta quedó detenido bajo prisión domiciliaria, acusado de ser el jefe de ese escenario de terror. 

El juez Daniel Rafecas, personal de su juzgado, militantes y tres sobrevivientes de ese “chupadero” realizaron la primera inspección ocular del lugar. Las menciones sobre su existencia se habían ido acumulando en el juzgado federal. El legajo policial de Acosta terminó sellando su destino y acercando cada vez más su descubrimiento, que abre caminos hacia la profundización de la información que hasta el momento existe sobre el destino de detenidos y desaparecidos cuyos rastros están incompletos y, además, hacia la identificación de responsables de crímenes de lesa humanidad hasta ahora no vinculados con tales hechos, como el propio Acosta. 

Por el momento, se sabe que el sitio funcionó al menos durante 1976; que alojó víctimas que provenían de Brigada Güemes y que por lo tanto se lo entiende como un espacio “satélite” de ese centro clandestino operado bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército y el mando de la Bonaerense de Ramón Camps; que de los detenidos que estuvieron allí encerrados al momento hay solo tres mujeres con muy buena memoria: Liliana Latorre, Catalina Alaniz y Ana Ramona Sánchez.  

Un gran “salón” separado por una “puerta de doble hoja” de otro espacio en el que “había duchas, sin separación ni cortinas ni nada; un piletón y un espejo, y a la izquierda dos letrinas, que tampoco estaban separadas ni tenían puertas que permitieran algún tipo de privacidad”. Así recordaba Latorre al espacio donde permaneció encerrada poco más de una semana en agosto de 1976. Hasta hace algunas semanas, cuando participó de la inspección ocular en las instalaciones de la base Ezeiza del Grupo de Prevención Motorizada de la Bonaerense, otrora “la 205” o “el Puesto de Juan”, no sabía dónde estaba ese lugar. “La vida del sobreviviente es una lucha constante por identificar cada paso, cada espacio en donde uno estuvo encerrado, cada compañero con el que habló o intercambió momentos. Por eso, la certeza que me invadió al haber ingresado a este lugar de saber que fue ahí en donde estuvimos atadas a las camas fue impactante”, contó Latorre a PáginaI12. “Es sanador”, aseguró. 

Latorre permanecía encerrada en Brigada Güemes cuando fue trasladada a la 205. Era 17 de agosto de 1976. Recordaba que el viaje había sido corto, pero cuando repitió ahora el recorrido con Rafecas y su abogado Pablo Llonto, entre otros, le pareció más corto aún. “Aquella noche que nos llevaron hicieron un simulacro de fusilamiento, quizá por eso demoraron más la llegada.” 

En el centro clandestino, a cada prisionero le dieron dos frazadas, una para usar de colchón y otra para taparse. “A mí me dieron tres, dos para usar de colchón ya que estaba muy flaca”, recordó. Las esposas no alcanzaban para todos los prisioneros así que ella tuvo “la suerte” de ser atada “con telas, sogas” por las muñecas y un tobillo a la cama. Todos fueron vendados, aunque “uno se las iba ingeniando para correrse de tanto en tanto la venda”. Ella no se acuerda, pero por lo que le contaron Ramona y Catalina, con las que se siguió viendo tras volver a la vida, eran vigilados por guardias que cambiaban cada dos días. 

No les permitían moverse ni hablar entre ellos. Para ir al baño, debían pedir que los desataran. Ella lo hizo solo una vez. “No quise volver a someterme a la mirada de los guardias y a sus comentarios obscenos y groseros.” Un día la obligaron a bañarse. Fue cuando descubrió que había un espejo, cuando se vio tan delgada y golpeada, cuando reconoció a Ana María Lanzillotto, embarazada del nieto 121, recuperado hace algunos meses. Una de sus compañeras asegura que vio a Ana María deambular con trabajo de parto en el salón. Con ella habían compartido también Brigada Güemes. Ni ella ni sus compañeras recuerdan la existencia en la 205 de un espacio dedicado a las torturas. Sin embargo, la forma en que mantuvieron cautivas a las víctimas bastan para ser consideradas tormento, según explica Llonto. 

Latorre fue trasladada a la Comisaría de Monte Grande el 23 de septiembre de ese mismo año y “blanqueada” en Devoto en enero siguiente. Catalina y Ramona recuperaron la libertad en la misma fecha: de la 205 las sacaron junto “a un muchacho más”. A una la dejaron en Haedo y a la otra en Morón. Las tres siguieron en contacto, aportaron su testimonio ante la Conadep y continuaron un camino de amistad, con una pesada experiencia común que las había marcado para siempre. Más de tres décadas después, tras la inspección al centro clandestino, descubrieron cuán coincidentes eran sus recuerdos sobre los días en la 205. “Fue impactante. Dibujamos planos exactos del lugar”, sostuvo Latorre, sin poder salir de su asombro.

Cabos sueltos

Los testimonios de las tres fueron los primeros relatos que mencionaban la existencia de la 205. Sus experiencias quedaron registradas en la Conadep y, tras la nulidad de las leyes de impunidad, integraron el expediente que investiga el secuestro, las torturas y las desapariciones sucedidas en torno de los centros clandestinos que funcionaron en la zona de Puente 12, al sudeste del Conurbano, dentro del predio de esa fuerza conocido como Cuatrerismo. Omega fue uno de esos “chupaderos”; Brigada Güemes, en donde fueron destinadas las tres, otro. 

La 205 aparece mencionada en otro testimonio, el de Peregrino Fernández. En un minucioso relato ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, desde Madrid, el ex policía explicó la existencia de ese centro clandestino, comentó que fue edificado en terrenos la Policía bonaerense, “especialmente construido para el alojamiento de detenidos enfermos y mujeres que se encontraban en estado de gravidez avanzada o que recientemente hubieran tenido hijos” y lo localizó “en las cercanías del acceso a la Ruta Nacional 205, desde la Autopista Ricchieri, a unos 300 metros de allí”. Además, mencionó que “su jefe fue el subcomisario Walter Acosta”. 

La línea de puntos que desembocó en la identificación de este centro clandestino de detención también provino desde la Secretaría de Derechos Humanos. Ricardo Poggi trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria y, desde 2002, integra los equipos de trabajo dedicados a la recuperación de ex centros clandestinos como sitios de memoria. El y sus compañeros se encontraron con el testimonio de Peregrino Fernández y fueron al lugar. Comenzaron a hablar con vecinos, quienes “sugerían que investigásemos ese lugar –la base de operaciones motorizadas– porque sabían que había sido destacamento de Caballería y que siempre había estado la Bonaerense ahí”. Aportaron datos a la investigación de Rafecas.  

El elemento que acercó por completo la localización del predio y la identificación de su responsable fue el legajo de Acosta. Allí figura una misiva en queja que el entonces subcomisario envió a sus superiores exigiendo un reconocimiento por haber estado, por designación de Ramón Camps, al mando del “puesto de Juan”, el otro nombre operativo que recibió la 205.  

Nota extraída de: https://www.pagina12.com.ar/13248-el-centro-clandestino-de-la-205