Durante los últimos años, sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de la ESMA se acercaron al juzgado de Sergio Torres para dar cuenta de una meticulosa lista de objetos saqueados durante la dictadura. Hay nuevos datos de transferencias ilegales de casas y de autos, cuyos dominios “legales” desaparecen evaporados en el aire después de los secuestros. Hay datos de pequeños objetos robados como un combinado, una lámpara de pie, pero también “ropa de chicos”, “una pava de cocina” o “un pantalón vaquero usado y sucio con pintura”. Con esos elementos que suman 43 nuevos hechos, el juzgado cerró y mandó a juicio oral un nuevo tramo de la causa robo de bienes que ya tiene elevado un primer tramo de otros 14 hechos. Ambas causas tienen como telón de fondo la investigación por las tierras de Chacras de Coria y también están asociadas a las pesquisas aún en curso sobre la ruta del dinero de la ESMA. Entre los nuevos hallazgos hay dos datos importantes: una línea de tiempo y la certeza de que “en algunos casos” el GT secuestró a sus víctimas alimentado sólo por el “móvil del dinero”.
La elevación lleva a juicio a Jorge “el Tigre” Acosta, jefe del GT 3.3 de la ESMA; Jorge Radice, el contador de Emilio Massera y Ricardo Miguel Cavallo, cabecillas de las operaciones de bienes. “Los delitos que se analizan fueron cometidos desde el aparato del Estado y constituyeron, no sólo violaciones a los derechos humanos sino también, por su escala, volumen y gravedad, crímenes contra la humanidad”, dice el escrito. “En esta dirección encuentro demostrado que miembros del G.T.3.3.2 actuando de manera sistemática, coordinada y permanente, conformaron una organización destinada a cometer delitos –torturado e interrogado– que “eran funcionales al objetivo de los imputados de beneficiarse económicamente a través del despojo de los bienes.”
A partir de los casos, el juzgado determinó que entre 1976 y 1983 “el GT obligó a parte de los detenidos a firmar documentos en blanco o poderes a efectos de despojarlos de pertenencias, tales como bienes muebles, automotores o propiedades”. Y también que “se quedó con los objetos que llevaban consigo los desaparecidos al momento del secuestro o que se hallaban en el interior de las viviendas”.
La sucesión de hechos también permitió entender que en algunos casos “el móvil de los secuestros radicó exclusivamente en la solvencia del patrimonio de las víctimas”. Y que a partir de comienzos de 1977, con la caída del grupo de finanzas de Montoneros, la rapiña de la ESMA comenzó a sofisticarse con la “privatización” del negocio de los bienes. La acentuación de esa línea de tiempo ubicada en el comienzo de 1977 es quizá uno de los aportes más novedosos. La hipótesis ya había sido trabajada por la Cámara Federal frente a la primera elevación de los hechos, un dato que -como lo muestra el escrito– también está sostenido en el testimonio de un sobreviviente.
Emilio Enrique Dellasoppa permaneció secuestrado en la ESMA entre 26 de noviembre de 1976 y principios de 1979, y conoció de cerca el entramado de finanzas. En 2001 declaró en la instrucción de la causa, pero aún no lo hizo en los juicios orales. Hacia el 10 de enero de 1977, dijo, se enteró que había caído el departamento de finanzas de Montoneros y que lo que más interesaba a los oficiales de la ESMA era la información que podían obtener para “recuperar el dinero de la organización ubicado en cuentas numeradas del exterior”. Por esa razón, él pasó de hacer trabajo de dibujante a traducir documentos en idioma extranjero que servían para abrir y operar cuentas en Andorra, Bélgica y el Ducado de Lietchtenstein. La suma de la que hablaban en los distintos documentos, dijo, era de 26 millones de dólares. A partir de allí, dijo, “se montó el esquema de la privatización de la represión en beneficio económico del grupo liderado por Massera”. Y aunque el desapoderamiento y despojo de bienes había comenzado antes, se sofisticó: “De ese período es la ‘operación inmobiliaria´” “que consistía en apropiarse de las propiedades de los detenidos, para lo cual falsificaron gran cantidad de documentos”. También mencionó que fue “necesario viajar al exterior y abrir cuentas bancarias con documentación falsa”. Y para que si bien “al principio, utilizaban soportes falsificados que habían secuestrado a Montoneros, cuando comenzaron a acabarse –y para no tener que incluir en la operación a agentes del Ministerio del Interior o de la Policía– en la ESMA se montó un laboratorio fotográfico capaz de generar planchas de impresión de pasaporte y Cédula de la PFA. De ese modo se falsificaron pasaportes, cédulas de identidad, registro de conducir, certificados de vacunación, carnets de periodistas acreditados en Presidencia de la Nación”.
Además de los datos de estructura, entre la enumeración de los 43 casos aparece la continuación de las historias que se fueron conociendo en los últimos juicios orales. En este caso, el recorrido de los bienes, algunos de los cuales también terminaron en la ESMA.
Allí está lo que sucedió, por ejemplo, con la familia Vasallo. Ellos vivieron en la provincia de Córdoba hasta pasado el golpe de Estado. Salieron con lo “puesto” a bordo de una furgoneta Fiat 125 perseguidos por el Ejército. Llegaron a Buenos Aires y luego de pasar días en hotelitos del centro, se establecieron en una casa de dos plantas en Haedo. La casa estaba ubicada en la calle El Ceibo y compraron en diciembre de 1979. Vivían Elvio Vasallo, su compañera Ada Nelly Valentini de Vasallo y sus dos hijos: Alejandro de 14 años y Julio Cesar de 10. En mayo de 1977, también alojaban a Julio Cesar Roque, Lino, también de Córdoba, integrante de la dirección de Montoneros. El 29 de mayo, una patota del GT los secuestró en medio de una cacería en la que asesinaron a Roqué.
Ada pasó veinte días en la ESMA con sus hijos. Tiempo después, según reconstruye ahora la nueva elevación, la llamaron para citarla a una oficina. Ada fue y firmó un “poder especial irrevocable” a favor de una persona llamada Armando Héctor Durante para vender el departamento de la calle El Ceibo. Firmó la venta el 16 de julio de 1980, “conforme surge de la escritura número 518, a favor de Luis Amadeo Bernareggi y Gladys Elizabeth Cisneros, pasada ante el escribano Néstor De Paoli registro número 43 de San Isidro por la suma de 28 millones de pesos”. Elvio también tuvo que firmar un poder pese a que aún seguía secuestrado. Y, ahora se sabe a través del cotejo de escrituras, que los datos de la transferencia “serían falsos en sus contenidos y nombre de los participantes, con excepción de los Vasallo”.
Tiempo antes, los integrantes del GT le habían sugerido a Elvio vender otra propiedad ubicada en el barrio La France, de Córdoba, porque “su familia no estaba pasando un buen momento económico”. Lo llevaron a Córdoba. El 6 de abril de 1979 le hicieron firmar un poder a nombre de un martillero. Ada también viajó. La hicieron firmar la operación de venta que finalmente se hizo el 26 de noviembre. La casa fue adquirida por Daniel Eduardo Carbone, según surge de los papeles. El hombre pagó 17 millones de pesos pendientes después del boleto de compra venta por un valor total de 32 millones de pesos. Luego de la venta, “un camión verde oliva de los que usualmente utilizaba el Ejército y el personal a cargo, retiró todo lo que se encontraba en el interior de la casa”. Cuando Vasallo le reclamó al GT por el dinero le dijeron: dejate de joder, no insistas con el tema, que ya salvaste tu pellejo.
Lo mismo les pasó con una Furgoneta 4L marca Renault comprada en la casa Fangio de Automotores de la calle Salta de Buenos Aires, entre 1976/77, dominio C-798693, según el expediente. Y también con la Furgoneta Fiat tipo pick up 125 con la que viajaron desde Córdoba. Alfredo “Mantecol” Ayala vio las dos furgonetas en la ESMA, tal como le recordó ante el juzgado.
Cuando “El Tigre” Acosta fue convocado a declarar en esta causa nombró a los oficiales muertos, pero evitó a los vivos. En sintonía con la línea de tiempo de la sofisticación dijo que a comienzos de 1977 la cúpula de la Armada le mandó dos expertos: el Capitán Hugo Daniel Berrone especialista en caballos de carrera por sus vinculaciones familiares y al oficial retirado (Mario Alberto) Cédola, contador público, dedicado a manejar el tema de las propiedades.
Nota extraída de: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312583-2016-10-25.html
