La desclasificación de archivos vinculados a las dictaduras sudamericanas anunciada por el gobierno de Francia da respuesta al compromiso asumido por el presidente François Hollande ante organismos de derechos humanos durante su visita a Buenos Aires en febrero de este año. La misma solicitud fue realizada pocas semanas después por las organizaciones ante autoridades de la embajada de los Estados Unidos cuando se anunció la llegada de Barack Obama, compromiso que se materializó con la entrega de documentación parcial realizada en agosto pasado. Es fundamental que los organismos de derechos humanos argentinos sean involucrados en este proceso de desclasificación.

Por más de dos décadas los testimonios de las víctimas y sus familiares y la documentación de los organismos de derechos humanos fueron los únicos recursos con los que contó nuestro país. Los documentos aportados hasta el momento han tenido valor histórico, han sido utilizados en diversas causas judiciales y han colaborado con la construcción de la verdad.

El proceso de memoria, verdad y justicia ha demostrado la importancia de contar con información producida por instancias oficiales tanto nacionales como extranjeras. Este mismo interés tiene que motivar al gobierno argentino a hacer accesible la documentación estatal, como la de embajada argentina en Francia, que informa sobre las relaciones entre ambos países con París durante la última dictadura que ha sido relevada de secreto por medio del decreto 4/2010.

El acceso a los archivos garantiza derechos tales como el de conocer la propia historia, hacer justicia y obtener reparación. El proceso de desclasificación informado por el gobierno francés días después de la realización del coloquio internacional “Archives des dictadures sud-américaines” (Archivos de dictaduras sudamericanas) genera expectativas fundadas sobre la relevancia de los documentos.

En 1977 la dictadura estableció en París un andamiaje llamado Centro Piloto París para contrarrestar las denuncias por los crímenes que se estaban cometiendo en el país– como la desaparición de más de 20 ciudadanos franceses o el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet por parte de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Las “doctrina de la guerra revolucionaria”, nacida para justificar la derrota francesa en la guerra de Indochina de 1954, también influenció a las fuerzas militares argentinas y sirvió como sustento ideológico combinándose con la “doctrina de la seguridad nacional” auspiciada por Estados Unidos. Los contactos entre oficiales franceses y oficiales argentinos fueron fluidos, pero aún resta profundizar en el estudio de esa coordinación.

El anuncio del gobierno francés es un compromiso que ratifica las obligaciones de la comunidad internacional frente a los crímenes de lesa humanidad, y que alienta el camino de la verdad y la justicia como medida indispensable e irrenunciable para las víctimas y única garantía para la no-repetición.

Memoria Abierta* Memoria Abierta está integrada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Buena Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Homenaje a las Víctimas de Vesubio y Protobanco, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. 

Nota extraída de: https://www.facebook.com/notes/memoria-abierta/verdad-y-justicia-sobre-la-desclasificaci%C3%B3n-de-archivos-anunciada-por-francia/934828979957164